En mi opinión, el nivel de madurez de una sociedad moderna y desarrollada tiene mucho que ver con el seguro. Un término que relaciona ambas magnitudes es la BRECHA DE PROTECCIÓN DE SEGURO, representado por sus siglas en inglés IPG (Insurance Protection Gap), y en definitiva mide la diferencia entre la cobertura de seguros que es económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad, y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida.
Una sociedad o economía absolutamente eficiente en estos términos, carecería de brecha, lo cual es en la práctica imposible, resultando el área delimitada entre el nivel real y el óptimo un medidor del coste de oportunidad, o lo que es lo mismo, el nivel de sub-aseguramiento equivalente al mercado potencial.
Está claro que no puede pretenderse que una población sea asegurable en su totalidad (o tal vez sí). Ni siquiera en el plano de seguros obligatorios se consigue el objetivo, y si hablamos de protección de personas, existen segmentos no asegurables por edad o por otras contingencias como enfermedades, preexistencias, nivel económico, situación laboral etc. También el nivel de desigualdad en una sociedad determinada juega un papel fundamental, y no solo esta, sino el modo en el que los poderes públicos tratan de corregirlas con más o menos éxito.
Centrándonos en el seguro de vida y en base a los análisis realizados por el Servicio de Estudios de MAPFRE para 96 mercados de seguros, tanto desarrollados como emergentes, el crecimiento de la brecha de aseguramiento en el segmento de Vida en el periodo 1990-2018 ha sido del 4,9% fundamentalmente por la influencia de los mercados emergentes, y en especial los llamados BRICS8. Otra de las conclusiones del estudio es, que en términos del tamaño de negocio, la brecha de aseguramiento del segmento de los seguros de Vida supone entre 7 veces (para los BRICS) y 10 veces (para el resto de los mercados emergentes) el negocio asegurador, mientras que en los mercados desarrollados esto supone algo menos de 2 veces el negocio asegurador.
En el caso concreto de España, sería necesario tener una clara imagen de lo sucedido tras la crisis de 2.008, y el fuerte impacto que la sociedad ha sufrido en términos de empleo e igualdad. Así, el coeficiente GINI, medidor del nivel de desigualdad en una población a través de la dispersión de la renta, alcanzó su repunte en 2012 y posteriormente ha ido corrigiendo posiciones de forma más lenta que en crisis anteriores, lo cual evidencia la profundidad y severidad de la recesión financiera. En resumen, el índice de desigualdad antes de impuestos y transferencias manifiesta una ineficaz distribución de la renta y la riqueza, y la débil corrección que ésta experimenta tras las transferencias públicas en forma de políticas redistributivas y sociales tampoco ponen en valor la eficacia de los presupuestos generales.
A pesar de la lenta mejora de las cifras y el crecimiento económico de los últimos años, y volviendo a la brecha aseguradora, ésta alcanza en 2.018 la cifra de 29.000 millones, correspondiendo al ramo de vida el 95% de la misma, lo cual supone el talón de Aquiles de nuestro sistema de protección, ahorro e inversión privado, complementario del público.
Lo expuesto anteriormente en cuanto a empleo e igualdad guarda mucha relación con la situación del ramo en sí, pero no podemos obviar que el seguro de vida es un complemento a la previsión social pública, y que su dependencia con la evolución económica debe ser convergente en ambas direcciones (crecimiento y recesión) para que el seguro de vida, previsión mediante ahorro e inversión tenga el sentido que lo define, que no es otro que el de la protección en los momentos adversos.
En palabras de Ignacio Baeza, vicepresidente del grupo Mapfre “La falta de extensión de los mecanismos de aseguramiento en una sociedad es un factor que puede propiciar menores niveles de eficiencia económica, y menores niveles relativos de bienestar social”
Por tanto, cabe preguntarnos, si efectivamente en una coyuntura de crecimiento económico, con unos niveles de inflación contenidos y una mejora en la renta disponible, el sistema financiero y político están respondiendo a la altura de las circunstancias. Y no solo con un sistema financiero eficaz y una regulación transparente y útil. La educación financiera debe ser una obligación impulsada desde los poderes públicos y agentes financieros cuyo objetivo sea reducir la brecha aseguradora de una sociedad.
Que la brecha aseguradora en el segmento vida haya empeorado en los últimos años en los que la economía ha crecido, ha disminuido la desigualdad y el desempleo pone de relieve un grave problema del ramo que simplemente no transmite su utilidad al conjunto de la sociedad. Un ejercicio simple para comprender lo que ocurre sería el de analizar nuestra propia brecha familiar por segmentos, patrimonio (residencia y coche, por ejemplo) y vida. La conclusión se antoja cuanto menos curiosa.
Juan Torrecillas
Economista y Corredor de Seguros